Con profunda indignación, las 25 autoridades comunitarias electas bajo usos y costumbres en asambleas libres y autónomas entre enero y febrero de este año, expresan su rechazo a las acciones recientes del presidente municipal Iván Reséndiz Ramírez, quien de manera deliberada ha excluido, invisibilizado y vulnerado los derechos colectivos de los pueblos originarios del municipio.
El día de ayer, 19 de junio, se llevó a cabo un evento oficial en el que, a pesar de la presencia del secretario del Ayuntamiento en representación del alcalde, no fueron convocadas las autoridades comunitarias legítimas, mismas que han sido reconocidas constitucionalmente tras la reforma al Artículo 2º de la Constitución, publicada el 30 de septiembre de 2024, y ratificadas mediante sentencia judicial. Este acto de exclusión es una afrenta directa a la autonomía y libre determinación de las comunidades, pilares fundamentales del nuevo marco constitucional.
Lo más grave es que esta exclusión no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de colusión y control político encabezado por el alcalde Iván Reséndiz en complicidad con Carmen Álvarez Juárez, actual titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Querétaro-Guanajuato, quien enfrenta múltiples señalamientos por clasismo, corrupción y discriminación en distintos estados del país.
El evento del 19 de junio fue manipulado para favorecer intereses ajenos a las comunidades, convocando únicamente a autoridades auxiliares que no representan la legitimidad, ni la voluntad colectiva de los pueblos indígenas, mientras se excluía no solo a las autoridades comunitarias, sino también al Regidor Síndico Guillermo Ramírez Carbajal, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y al enlace indígena municipal, dejando en evidencia la intención de centralizar decisiones y controlar el ejercicio de recursos federales, como los provenientes del FAIS/PIAM, que por ley están destinados directamente a las comunidades indígenas y deben ejercerse sin intermediación del municipio ni de instancias ajenas a la comunidad.
Estas acciones configuran una violación flagrante a los derechos colectivos de los pueblos originarios, vulneran tratados internacionales, el nuevo marco constitucional y sobre todo atentan contra la dignidad, la identidad y la libre determinación de cada comunidad que representa un nivel de gobierno reconocido por la Constitución.
Las autoridades comunitarias exigen:
Respeto absoluto a su autonomía interna y a sus decisiones comunitarias.
Alto a la intromisión y manipulación de los procesos comunitarios por parte del gobierno municipal.
Que los recursos federales lleguen directamente a las comunidades, sin intermediarios.
La salida inmediata de cualquier funcionario que promueva el divisionismo y la discriminación en contra de los pueblos indígenas.
Ninguna autoridad puede poner en duda la identidad de los pueblos originarios ni de sus representantes legítimos. No permitiremos retrocesos ni imposiciones. Hoy más que nunca, la voz de los pueblos indígenas de Ezequiel Montes se levanta con dignidad y firmeza.
“¡Nunca más un México sin nosotros!”
Atentamente:Las autoridades comunitarias de las 25 comunidades indígenas de Ezequiel Montes
